Certificaciones orgánicas participativas: las alternativas low cost
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Certificarse como orgánico no siempre exige pagar a una auditora internacional. En Chile y en Perú existen ejemplos concretos de cómo esto se está desarrollando entre productores familiares.
Para un pequeño productor, la palabra "orgánico" puede ser una promesa cara. Contratar a una certificadora internacional implica auditorías, tarifas y trámites que muchas veces superan el margen de un predio familiar, dejando fuera del negocio orgánico justamente a quienes producen con menos químicos y más oficio. Frente a ese obstáculo, en distintos puntos de Latinoamérica ha ido tomando fuerza una idea sencilla: que sean los propios productores, organizados entre sí, quienes garanticen la calidad de lo que cultivan.
El caso chileno: de la ley a la organización de base
Chile tiene el marco legal para esto desde hace más de una década: la Ley 20.089 estableció el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, designó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como autoridad competente y creó un registro de empresas certificadoras junto a un sello oficial. Pero la ley por sí sola no resuelve el problema del costo, y ahí es donde han surgido experiencias asociativas: en la zona de Angol, un grupo de nueve pequeños agricultores desarrolló un sistema de certificación asociativa para producir y comercializar berries y hortalizas orgánicas de forma conjunta, repartiendo entre todos el esfuerzo y el costo de mantener el sello.
En Atacama, la agrupación Tierra Viva -que reúne a productores ecológicos certificados de la región- ha sido motor de este movimiento con el respaldo de INDAP. El resultado ya es tangible: en Copiapó, una productora de flores comestibles inició en 2026 su propio proceso de certificación ante el SAG tras vincularse con esta red de agricultores orgánicos, un camino que hace pocos años le habría resultado prohibitivo en solitario. La directora regional de INDAP en Atacama, Paola Torres González, ha destacado el compromiso de la institución en acompañar precisamente este tipo de procesos entre la agricultura familiar campesina.
Perú, un paso más allá: el sello que ponen los propios vecinos
Perú lleva esta lógica un poco más lejos con los Sistemas de Garantía Participativa (SGP), donde consejos regionales conformados por organizaciones de productores, consumidores e instituciones públicas y privadas verifican directamente el origen y la condición ecológica de los cultivos, entregando un certificado y un sello de garantía sin pasar por una auditora externa.
En la región de Junín, este modelo respondió a una demanda explícita de los propios agricultores: contar con un sistema de certificación de costo accesible que les permitiera diferenciar su producción en el mercado. Es la prueba de que el concepto no es una rareza aislada, sino una tendencia regional que Chile, Perú y otros países andinos vienen construyendo cada uno a su manera -con matices legales distintos, pero con el mismo objetivo: que lo orgánico no sea solo para quien puede pagarlo.